El Canódromo el Coco está situado en la avenida Monumental, en el Distrito Nacional, y funciona como depósitos a miles de motores y vehículos confiscados por las autoridades de tránsito. (Pedro Bazil /Archivo)
El Estado dominicano vendió en 298 millones de pesos los terrenos donde actualmente funciona el centro de retención de vehículos conocido como el Canódromo el Coco, en el Distrito Nacional.
La venta, ocurrida en octubre de 2021, se hizo a través del Banco Central, a una empresa de desarrollo inmobiliario creada en el año 2000, y en la que sigue como socio el actual ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Carlos Alberto Bonilla Sánchez.
La información de la venta la dio el Banco Central de la República Dominicana a Diario Libre, como respuesta a una solicitud vía su Oficina de Libre Acceso a la Información, en la que se pidió indicar el status de la parcela 102-B, del Distrito Catastral, Distrito Nacional.
El párrafo que concentra la respuesta a la solicitud indica que “conforme a las informaciones suministradas por la Estructura de Soporte del Comité de Políticas para la Realización de Activos del Banco Central (Copra), precisamos indicarle que la parcela descrita previamente ya no es propiedad del Banco Central de la República Dominicana”. Luego informa que “la venta de este inmueble fue formalizada mediante contrato de fecha 8 de octubre de 2021, suscrito a favor de la empresa CBS Developments, S.R.L., por el monto de RD$298,000,000,00”.
La extensión de los terrenos del canódromo es de 154,218 metros cuadrados, y desde hace años sirve como centro de parqueo de los vehículos retenidos por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).
Según se describe en su página web, CBS se enfoca principalmente en “el desarrollo y construcción de viviendas, centros comerciales y proyectos rentables y sostenibles en todo el país”.
Al contar su historia, señala que su fundador es “Carlos Bonilla Sánchez” y que “fundó formalmente CBS Developments en el año 2000”.
Carlos Bonilla fue designado ministro de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mived) el 11 de agosto de 2021 (dos meses y tres días antes de la formalización de la venta de los terrenos), mediante el Decreto 497-21.
Previamente, el 16 de agosto de 2020, el presidente Luis Abinader lo había nombrado director general del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y encargado honorífico de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe). Ambas entidades fueron absorbidas por el Mived.
La oferta de venta de las tierras del canódromo fue publicada en espacio pagado del 6 de septiembre de 2017 en el periódico Hoy. La publicación del Copra dice “Porción de terreno con extensión superficial de 154,218.00 M2, dentro de la parcela No. 102-B, DC No. 4, DC…” También incluía un paréntesis: “(En proceso de deslinde y ocupado)”, así como el valor de 298 millones de pesos.
Una última publicación de la oferta se realizó el 14 de julio de 2020, con estatus de “ocupado”.
La razón para cerrar el depósito de vehículos
A principios de octubre de este 2022, el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, anunció el cierre definitivo del Canódromo el Coco, ubicado en la avenida Monumental en el Distrito Nacional. El conocido depósito de vehículos sería sustituido por un centro de retención que levantaría el Gobierno en un solar ubicado en la avenida Circunvalación de Santo Domingo, en el municipio Santo Domingo Oeste.
La razón, explicó Beras días después, era tener un centro “mucho más grande, moderno y con más capacidad para la retención de vehículos”. Pero al cuestionársele sobre qué pasaría con las tierras del canódromo, dijo no saber. Tampoco supo decir a quién pertenecían. Pero Diario Libre indagó en la jurisdicción inmobiliaria para poder determinar la propiedad de esos terrenos, sobre los que existen dos decretos presidenciales para definir su uso.
De lo privado a lo público y viceversa
A juzgar por el último título registrado, las tierras del canódromo corresponden al Banco Central, que lo adquirió de la empresa LALA S.A, aunque originalmente fueron de la familia Mason.
El canódromo se erige sobre la parcela 102-B, del Distrito Catastral 4, en el Distrito Nacional. Dicha parcela fue registrada en el año 1969 bajo el título número 697138, con una extensión de 15 hectáreas, 42 áreas y 18.8 centiáreas, a nombre del señor Eduardo Dinzey Mason.
Tras la venta en 1981 de dos porciones de terrenos, uno de 1,200 metros cuadrados y otro de 800 metros cuadrados, a dos señoras, Dinzey Mason cedió, en el año 1986, un total de 154,218 metros cuadrados a favor del Complejo Turístico y Canófilo S.A. Ese mismo año, en el mes de septiembre, en República Dominicana se realizaba la carrera inaugural de galgos en el Canódromo el Coco, según refieren reportes periodísticos y publicidad de la época.
Atracción diaria
Las carreras, que se promocionaban como una atracción diaria que permitía apuestas, era un proyecto patrocinado por el sector privado, con inversión superior a los 20 millones de pesos y de capital norteamericano.
Ya en 1993, los 154,218 metros de la parcela fueron adjudicados, por un monto de RD$4,632,770 a la empresa Bolívar 46. S.A, representada por la señora Miriam Astudillo. Ese mismo año, Bolívar 46 S.A. cedió, mediante aporte en naturaleza, sus derechos sobre los terrenos a LALA S.A.
Dos años después, en 1995, sale el último certificado que tiene el Registro de Títulos, en el que LALA S.A., pasa al Banco Central sus derechos.
El documento establece que, “en virtud de la resolución del Tribunal Superior de Tierras, de fecha 8 de septiembre de 1995, inscrita en el registro de títulos del Distrito Nacional el 12 de septiembre de 1995, bajo el número 820, folio 205, del libro de inscripciones de actos traslativos de propiedad inmobiliaria, como ventas, permutas, etc, número 139, se hace constar que los derechos registrados a favor de LALA S.A., dentro de la parcela 102-B, del Distrito Catastral #4 del Distrito Nacional, ascendente a 154,218 metros cuadrados, han quedado transferidos a favor del Banco Central de la República Dominicana, en cumplimiento de las demás disposiciones contenidas en la referida resolución”.
Financieras quebradas
El traspaso de esas tierras al Estado se hizo como parte de los bienes recibidos de la entidad Financiera Hipotecas y Pagarés, C. por A., en proceso de liquidación y representada por la Superintendencia de Bancos, mediante contrato de compraventa de fecha 18 de marzo de 1994.
Esta última información la ofreció el Banco Central, que indica que motivó la recepción de ese y otros bienes por decisión de la Junta Monetaria “como contrapartida de los pagos realizados por el Banco Central a los depositantes de las financieras quebradas en la década de los años 1980”.
Aunque el título está a nombre del Banco, en 1997 el entonces presidente de la República, Leonel Fernández, emitió el decreto 402-97 con el que declaró de “utilidad pública e interés social la adquisición por el Estado dominicano de una porción de terreno con área de 154,218 metros cuadrados, dentro del ámbito de la Parcela No. 102-B, del Distrito Catastral No. 4, del Distrito Nacional y sus mejoras, consistentes en las instalaciones del Complejo Canófilo, conocido como el Canódromo”. Luego, en 2006, Fernández vuelve a emitir otro decreto, el 461-06, con el que deroga el 402-97, sin detallar razones.
Para ese momento, el Banco Central libraba una batalla legal en tribunales para mantener la propiedad de esas tierras que eran reclamadas por LALA S.A.
Cuestionado sobre las razones para poner la parcela en venta, el Banco Central explicó que debió “llevar a término los procesos judiciales abiertos respecto al inmueble, los cuales se iniciaron en el año 1993 con la sentencia de adjudicación a favor de otra empresa en fecha 8 de junio de 1993, posterior a la sentencia de adjudicación obtenida por la Financiera Hipotecas y Pagarés, C. por A., por lo cual fue anulada ese mismo año”.
Añade que: “No obstante, se debieron agotar los recursos interpuestos en cada instancia hasta obtener la sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia a favor del Banco Central en septiembre de 2012”.
Las acciones de Bonilla
Al ser designado en el INVI, Bonilla Sánchez presentó una declaración jurada de bienes, según la cual es socio, con 99 acciones o cuotas, en CBS Developments, empresa en la que percibe un ingreso por sueldo de RD$600,000.00.
A esa empresa, de la que era socio principal y ocupaba la función de dirección y control de ejecución de proyectos completos, declaró haber entrado en enero del año 2000 y salir en septiembre de 2020.
Sin embargo, al llamar a CBS Developments, la mañana del pasado viernes 2 de diciembre, y pedir conversar con Bonilla Sánchez, un personal avisó de que en ese momento se encontraba en reunión de socios. A solicitud de esta reportera, la persona al otro lado de la línea aclaró que Bonilla Sánchez es socio y que en la actualidad no desempeña ningún cargo en esa empresa.
También se llamó al funcionario al Mived, pero desde Atención al Usuario informaron que solicitara cualquier información al respecto a CBS. En la empresa quedaron de responder, pero aún no lo hacen.
En su declaración jurada, Bonilla Sánchez dice ser socio, además, en las empresas Editora Nuevo Diario, Santo Domingo Country Club, Constructora Velero CDE, S.R.L., Construcción y Desarrollo Terrazas de la Monumental, CBS Developments Las Terrazas SRL, CBS Developments Nuevas Terrazas S.R.L., y en Las Terrazas San Isidro SRL.
