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Santo Domingo, RD.
Domingo Jiménez fue un político y abogado de profesión. Nació en la provincia La Romana pero creció y se formó en el sector de Los Mina Viejo, Santo Domingo Este.

El dirigente de la Fuerza del Pueblo murió este jueves tras durar casi un año batallando contra un cáncer.

Domingo fue electo como regidor del ayuntamiento del Distrito Nacional desde los años 1994 hasta 2002, teniendo su mandato una duración de ocho años, y siendo el primer regidor de Santo Domingo Este.

Jiménez fue vocero de los regidores del PLD en los años 1998 hasta 2002. Además fue miembro del Comité Central titular de la Secretaría de Asuntos Laborales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

En el período 2006-2010 aspiró a la Alcaldía del Santo Domingo Este, pero meses más tarde se retiró de la contienda para postularse como diputado. Jiménez perdió las elecciones de 2006, ya que no alcanzó la cantidad de votos necesarios.

El abogado fue nombrado como presidente de los Fondos Europeos de Desarrollo a través de un decreto emitido por el ex presidente Leonel Fernández en septiembre de 2008.

El 14 de enero de 2016, Domingo Jiménez sugirió al Comité Político que el candidato a alcalde del municipio Santo Domingo Este sea escogido mediante una encuesta. El político participó en la encuesta pero fue superado en votos.

Jiménez, que era parte del Comité Central del PLD, renunció a este para formar junto al expresidente de la República Leonel Fernández el partido Fuerza del Pueblo, fundado luego de las elecciones primarias de la entidad morada en octubre de 2019, cuando Fernández denunció fraude en los comicios internos, que fueron ganados por Gonzalo Castillo.

En 2021 el dirigente político informó que había sido diagnosticado con una tumoración maligna entre el higado y el páncreas.

En mayo de 2022 Jiménez dio a conocer que fue diagnosticado con otro tumor cancerígeno en la columna vertebral.

Ese universo se divide en 5,852,530 personas adheridas al plan subsidiado, 1,388,189 con el contributivo más 87,679 pensionados y jubilados. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)
Con la medida del Gobierno de duplicar de uno a dos millones de pesos la cobertura de las enfermedades catastróficas, un total de 7,328,343 personas afiliadas al Servicio Nacional de Salud (Senasa) tendrán dos millones disponibles por cada padecimiento.

Ese universo se divide en 5,852,530 personas adheridas al plan subsidiado, 1,388,189 con el contributivo más 87,679 pensionados y jubilados, según detalló Santiago Hazim, director ejecutivo del Senasa, durante un evento celebrado en el Palacio Nacional, el cual contó la presencia del presidente Luis Abinader.

Muchos esquemas de tratamiento para el cáncer representan entre 150 mil y 280 mil pesos por sesiones, con entre 9 y 13 sesiones, según explicó Hazim. Manifestó que la duplicidad de la cobertura representa un ahorro de 5,000 millones de pesos y que el Estado destina 11,000 millones al año para las enfermedades de esta magnitud.

“Para muchos afiliados esto significa la interrupción de sus tratamientos o una alta carga económica que destruye el patrimonio familiar”, sostuvo Hazim.

Abinader resalta logros en la salud

En su turno, el presidente de la República, Luis Abinader,  sostuvo que  la salud es y será siempre la parte más importante de la vida, y por eso, “desde que llegamos al gobierno supimos que este sector era prioritario y que debíamos actuar con la urgencia, pero sabiendo transformar para siempre el modelo”, enfatizó el mandatario, durante un acto realizado en el Palacio Nacional.

El gobernante resaltó que se trata de un logro colectivo y una meta ya conquistada como país, porque representa la transformación de los esquemas de las políticas públicas en materia de salud para que sea un derecho al servicio de todos.

Recordó que esta fue una de las primeras promesas que se puso en marcha en el gobierno al llegar al poder y se ha cumplido ampliamente, “partíamos de una realidad en donde durante demasiado tiempo sabíamos que el derecho a una salud para todos se había convertido en un privilegio solo al alcance de algunos”, precisó.

Abinader dijo que algunas personas disfrutaban de los beneficios de las tecnologías médicas de vanguardia, mientras que otras carecen de lo más básico.

Al abordar los aspectos de la transformación de la salud pública impulsada por su gobierno, Abinader observó que políticas como estas, son las que transforman de verdad un país y la vida de su gente.

“Una política que dice que el Estado es de todos y a todos protege. Una política que dice al mundo que en la República Dominicana ya no habrá ciudadanos de primera y de segunda”, expresó.

De igual modo, planteó que ya es hora de cumplir con el mandato constitucional reflejado en su artículo 61 y dar sentido a los compromisos internacionales que dicen, sin lugar a duda, que los sistemas de salud deben ser universales y gratuitos.

El Senasa dispuso que cada persona tenga acceso a dos millones por cada enfermedad de esa magnitud

Distrito Nacional.- El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, rechazó las pretensiones de las actuales autoridades, de imponer nuevos impuestos a la población, cuando a su juicio, lo que deben hacer es empezar a cumplir todas las promesas realizadas en campaña.

Martínez afirmó que el pueblo dominicano ha sido engañado por quienes teniendo en sus manos el destino de la nación, permanecen actuando como si todavía estuvieran promoviendo ofertas de acciones proselitistas.

“Durante la pasada campaña ellos tenían la solución para todos los problemas, ya con la pandemia en curso. Nos hablaron de un plan maravilloso para combatir la delincuencia; trajeron a personalidades internacionales para estructurar dicho plan, y lo que hemos visto es un aumento desproporcionado de la misma. La delincuencia común le ha ganado la batalla a este Gobierno en detrimento de nuestra seguridad y de la libertad al libre tránsito porque la gente tiene miedo a salir a las calles”, señaló.

Abel expresó que “hay que ser muy caradura y tener mucha cachaza, para en medio de la crisis más fatal que agobia a las mujeres, a la juventud, a los padres de familia, a los envejecientes y a los sectores productivos, estén hablando de poner más impuestos, de gravar el uso de plataformas digitales, como si no fuera suficiente lo que se paga por internet, servicio telefónico y luz eléctrica, por ejemplo. El Gobierno lo que debe es darle al pueblo dominicano lo que prometieron y que no han cumplido, lo que dijeron que iban a hacer y no han hecho. Ya está bueno de improvisaciones”.

El aspirante presidencial se refirió al reglamento que se prepara para imponer impuestos a las plataformas como Netflix, Google, Youtube, Spotify, Uber, DiDi, Airbnb, Amazon, Indriver, entre otras de gran uso en el país, y dijo no entender cómo un país en donde las autoridades anuncian permanentemente cifras records de recaudaciones y de aumento del turismo, sin dejar a un lado la carrera desmedida que llevan de préstamos que, según dijo, no se sabe en qué han sido utilizados, se esté hablando de nuevos gravámenes, “eso solo demuestra una vez más, falta de gerencia, incapacidad y desconocimiento en el manejo del Estado”.

Durante el encuentro, también habló el miembro del Comité Político Gustavo Sánchez, quien dijo que “de manera particular me cautivó el carácter de Abel para tomar decisiones. Cuando nosotros decidimos identificar quién era la persona que podía elevar los niveles de ascendencia del PLD, que se convirtiera en candadito natural, nosotros vimos en el compañero Abel, a la persona idónea, por eso voy a dedicarme a tiempo completo para hacer de Abel Martínez, no solamente el candidato, sino el presidente de la República”.

De su lado el también miembro del CP, Domingo Contreras manifestó que “la expresión de la unidad en el PLD se llama Abel Martínez por su forma de trabajar. Se necesita alguien que tenga la calidad y quien le va a devolver la estabilidad al país y retomar las políticas sociales, abriendo nuevos caminos de esperanza, es Abel Martínez”.

El aspirante presidencial Abel Martínez volvió a referirse al tema migratorio en el país, luego que se dieran a conocer las cifras del Servicio Nacional de Salud (SNS), que reflejan que en los últimos nueve meses, en los hospitales dominicanos se han registrado 32 mil nacimientos de parturientas haitianas.

“Hemos dicho en múltiples ocasiones que este es un Gobierno de medidas mediáticas, que solo se quedan en anuncios para calmar y tratar de bajar el agua que la tienen siempre hasta el cuello, pero deben saber que hay dominicanos que no vamos a bajar la guardia cuando se trata de preservar nuestra identidad, nuestra soberanía ni nuestra dominicanidad”, aseguró Martínez.

Martínez aseguró que en septiembre del pasado año, las autoridades anunciaron que solo se estarían atendiendo en los hospitales, a nacionales haitianos que presentaban emergencias médicas “y dijimos en ese momento que todo parto es una emergencia, que donde debían poner controles drásticos es en la frontera y en el negocio que allí se cuece, pero lo único que ha pasado es que cada día la situación es peor”.

“Estamos hablando de 32 mil partos registrados en nueve meses, sin contar los que no se registran por diversas razones, por ejemplo, las que paren en sus casas, en los bateyes que están minados, en las calles, tal como sucede en su país de origen. Los organismos internacionales que aúpan estas situaciones, no pueden estar por encima de nuestra Constitución ni de nuestra soberanía y deben saber que los dominicanos no podemos seguir permitiendo ver cómo languidece cada día nuestra identidad ante una forma de invasión silente que aumenta en nuestras narices”, puntualizó Abel Martínez

El expresidente de la Cámara de Diputados recordó que en el 2012 “decíamos que en 30 o 40 años, la mitad de la población en República Dominicana sería haitiana. El tiempo nos ha dado lastimosamente la razón y con peores perspectivas. Estamos hablando que en unos diez años, si no nos quedamos cortos en la apreciación, estaremos a la par y esto es un tema que va más allá de quienes defienden los derechos humanos”.

“Las haitianas vienen a parir aquí porque en Haití tienen que pagar para ser atendidas, pero una vez que alumbran, no se regresan a su país, siguen de manera ilegal en nuestro territorio, teniendo más hijos, cargando el sistema de salud, aumentando la cantidad de indocumentados que nadie sabe dónde viven, qué hacen, ni cuentan para las famosas estadísticas y reitero, los que estén de forma legal, sin importar el país de procedencia, bienvenidos, pero no podemos hacernos los graciosos con las ONGs que defienden los derechos de los haitianos, en detrimento de nuestra soberanía”.

Abel Martínez criticó que en lugar de impulsar y animar a esas organizaciones y a la comunidad internacional para hacer valer los derechos humanos de los nacionales haitianos en territorio haitiano, pretendan que un país pobre con sus propias deficiencias y necesidades como República Dominicana, cargue sobre sus hombros la solución de otro país.

El aspirante presidencial advirtió además, que el Gobierno debe estar vigilante y desistir de programas que impulsan algunos sectores, para dotar de documentos dominicanos a trabajadores haitianos, asegurando que para otorgar un carnet o una cédula de extranjero, las leyes establecen claramente cuáles son los procedimientos.

Santo Domingo.- El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, pidió al Gobierno detener el festín de importaciones de alimentos que producen los campos dominicanos, en esta ocasión puntualmente las de arroz ya que en plena cosecha se autorizó la entrada al país de 814 mil quintales del cereal en el pasado año.

“Esas importaciones inoportunas e innecesarias han distorsionado el mercado del arroz en el país, provocando la pérdida de la estabilidad de precios que el sector disfrutó por 20 años y la quiebra de miles de productores en el Cibao central, el nordeste y la línea noroeste, a muchos de los cuales tampoco se les ha pagado la cosecha anterior”, asegura Martínez.

El alto dirigente político señaló que en este mes se inició la cosecha de más de un millón de tareas que producen un volumen superior a los seis millones de quintales de arroz con calidad, “y estos productores están agobiados, preocupados porque las factorías, los molinos tienen los almacenes llenos y no están recibiendo producción. Ante esta situación nos preguntamos ¿qué va a pasar?, ¿Quién irá en auxilio de los arroceros? Resulta inaceptable la falta de apoyo del Gobierno a este sector productivo que es el de mayor cultivo agrícola del país y el principal alimento de los dominicanos, generando además más de 250 mil empleos directos e indirectos en todo el país”.

Abel manifestó que la situación es grave porque afecta no solo directamente a miles de productores que tienen toda su inversión en riesgo de perderse e ir a la quiebra, sino, que “la política permisiva y abusiva de importación que ejecuta el Gobierno, contribuye al incremento de la pobreza y peor aún, los consumidores dominicanos están sufriendo los desaciertos del gobierno porque se ven obligados a comprar la libra de arroz a precios que oscilan entre los 30 y 40 pesos”.

Asegura que la incertidumbre arropa a los productores nacionales que no encuentran mercado para colocar sus cosechas mientras el consumidor está pagando un alto precio por este alimento.

Los partidos de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo y un senador oficialista votaron en contra

Como era previsible, el Senado aprobó ayer en segunda lectura “como ley ordinaria” el proyecto de ley de extinción de dominio, en medio de debates de si la ley es retroactiva o no, orgánica u ordinaria y el rechazo de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP).

La pieza de 111 artículos y que deberá pasar a la Cámara de Diputados para su ratificación, contó con 20 votos a favor y ocho en contra, de los 28 senadores presentes en la sesión. La legislación ya había sido aprobada en primera lectura en la sesión del pasado martes, luego del Pleno rechazar el informe disidente que propuso el senador Yván Lorenzo, que planteó se cambie el título de la ley para que diga es orgánica.

El proyecto de ley es una fusión de dos iniciativas legislativas, una de ellas propuesta del senador Antonio Manuel Taveras Guzmán (PRM); y la otra de los senadores Félix Ramón Bautista Rosario (FP), Aris Yván Lorenzo Suero (PLD) y José Manuel Del Castillo Saviñon (PLD).

La pieza tiene por objetivo regular el proceso de extinción de dominio de bienes ilícitos, previstos en la Constitución dominicana; establecer el procedimiento que permita hacer dicho instituto efectivo; definir las competencias y facultades de las autoridades responsables de su aplicación; y reconocer los derechos y garantías de los intervinientes y partes afectadas. La comisión bicameral apoderada del proyecto de ley tuvo más de un año estudiando la legislación, grupo conformado en la sesión del 26 de mayo de 2021.

Senadores en contra y ausentes

Votaron en contra del proyecto, por el PRM, Iván Silva, miembro renunciante de la comisión bicameral y el único oficialista que rechazó la ley; del PLD, Yván Lorenzo, Valentín Medrano y José del Castillo Saviñón; y de FP, Bauta Rojas, Félix Bautista, Franklin Peña y José Antonio Castillo Casado. Los cuatro senadores que no asistieron a la sesión pertenecen a FP, estos son: Dionis Sánchez, vocero en esa cámara de ese partido; Virgilio Cedano, David R. Sosa y Franklin Alberto Rodríguez

Propuestas de modificación

La iniciativa legislativa se conoció luego que el senador Bautista “Bauta” Rojas, de FP, solicitó al Pleno que el proyecto sea remitido a la comisión bicameral que lo trabajó, para que revise no sólo los artículos concernientes a la irretroactividad y la ley orgánica (artículos 110 y 112 de la Constitución), sino de otros aspectos.

El congresista tildó el proyecto de “mostrenco” y de tener “enormes faltas” e “inexactitudes groseras”. La moción fue rechazada con 20 votos en contra y siete a favor, de los 27 legisladores presentes en ese momento.

Luego que se leyó la pieza íntegra, Rojas sometió una modificación al artículo 4 numeral 2 de la legislación, concerniente a la retrospectividad por 20 años, para que los bienes incautados se persigan en lo adelante, al precisar lo que establece la Constitución en su artículo 110: la irretroactividad. Sin embargo, la moción contó con 9 votos a favor y 19 en contra de los 28 senadores presentes, por lo que fue rechazada.

El artículo que planteó modificar dice: “La extinción de dominio se declarará con independencia de que la causal de procedencia haya ocurrido con anterioridad a la publicación de esta ley, siempre que el hecho vinculado a los bienes fuese considerado ilícito al momento de su ocurrencia y que a partir de ese momento no haya transcurrido el plazo de la prescripción mayor de derecho común de veinte (20) años, prevista en el artículo 2262 del Código Civil”.

Félix Bautista, de ese mismo partido, propuso una modificación al artículo 5 numeral uno, para que diga “probado” en vez de aprobado. La parte que hace mención dice que la extinción de dominio sólo podrá ser declarada cuando “la existencia de un hecho ilícito, el cual deberá ser ´aprobado´ por el Ministerio Público. La moción del senador de San Juan fue aprobada a unanimidad.

Se aprobó tres veces en el Senado

El proyecto de ley de extinción de dominio es un mandato constitucional, según consta el artículo 51 numeral 6 de la Carta Magna.

La iniciativa cursa en el Congreso Nacional vía el Senado desde el año 2014, según consta en el portal web de la Cámara Alta, pero ha perimido al no lograr un consenso entre los legisladores. Sus primeros proponentes fueron los peledeístas Julio César Valentín; Adriano de Jesús Sánchez y Charles N. Mariotti. La legislación se introdujo el 11 de marzo del 2014 y perimió el 12 de enero del 2015; fue reintroducida ese mismo año, pero perimió el 12 de enero del 2016 (tiempo en que cierra la segunda legislatura). Ese año, en 2016, fue depositada por tercera ocasión, logrando ser aprobada en segunda lectura el 05 de julio, sin embargo, perimió en la Cámara de Diputados.

En los años siguientes, se hicieron otros intentos para sancionar la pieza, logrando ser aprobada en el Senado en segunda lectura y con modificaciones, el 12 de junio del 2019 y el 04 de febrero del 2020 respectivamente. Al igual que en el 2016, la Cámara Baja no ratificó la aprobación, por lo que suman tres veces la sanción de la pieza en el Senado y su fracaso en la Cámara de Diputados.

Controversias del proyecto

El proyecto de ley de extinción de dominio ha generado controversias entre legisladores y juristas en algunos aspectos, como es la restrospectividad; elusión fiscal; si la ley es orgánica y ordinaria; el derecho a la presunción de inocencia, entre otros puntos.

Además, se han expresado sobre la controversial pieza otros sectores, como son Miriam Germán, procuradora general de la República; y Celso Juan Marranzini, presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana (AIRD). Cabe resaltar que las leyes orgánicas requieren para su aprobación las dos terceras partes del quórum y las ordinarias necesitan una mayoría simple; el oficialismo cuenta con mayoría simple en ambas cámaras del Congreso.

La pieza legislativa precisa 30 hechos ilícitos

La extinción de dominio, según precisa el artículo 05 de la legislación, sólo podrá ser declarada cuando concurran la existencia de un hecho ilícito, el cual deberá ser aprobado por el Ministerio Público; la existencia de un bien de origen o destino ilícito; el nexo causal de los dos elementos anteriores; y la ausencia de buena fe en los términos previstos en esta ley. La iniciativa consigna 30 hechos ilícitos susceptibles de extinción de dominio, entre ellos el tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas; cualquier infracción relacionada con el terrorismo y el financiamiento al terrorismo; tráfico ilícito de seres humanos, incluyendo inmigrantes ilegales; trata de personas, incluyendo la explotación sexual de menores, pornografía infantil; proxenetismo; tráfico ilícito de órganos humanos; tráfico ilícito de armas; secuestro; y extorción. El Congreso busca aprobar la pieza antes del próximo 26 de julio, cuando cierra la legislatura.

	Hay una cantidad enorme de faltas e inexactitudes tan groseras, que tocan temas de leyes orgánicas” Bauta Rojas Senador de Hermanas mirabal (FP)
	Lo que me llama la atención es que todos los senadores que están ahí… saben que es una ley orgánica” Félix Bautista Senador de San Juan (FP)