A un final sin resultados llegó ayer una reunión entre los gobiernos dominicano y haitiano, que de hecho ha dejado en estado de tranque el conflicto surgido por la construcción de un canal para reencauzar al río Masacre, que forzó a un cierre total de fronteras a partir de las 6:00 de hoy.
De inmediato empieza a correr el tiempo crítico, con la suspensión de todos los vínculos y operaciones de negocios por medio de aire, mar y tierra, y miles de ciudadanos de ambos países atrapados entre este impase, difícil de predecir cuándo tendrá una salida.
El gobierno de Luis Abinader se enfrenta ahora a un complicado problema, porque mientras le reclama a Haití actuar para apagar la mecha del conflicto, los grupos haitianos detrás de la obra en el Masacre están lejos de ser persuadidas por la gestión del primer ministro Ariel Henry.
La ausencia de Gobierno en ese país es casi total, porque gran parte está controlado por bandas criminales.
Mientras tanto, del lado haitiano en Juana Méndez, desafiantes agricultores haitianos involucrados con la obra de regadío siguen firmes con su plan, advirtiendo que no cederán a presiones ni a las restricciones impuestas por el Gobierno dominicano.
“El canal o la muer.., estamos listos para ser enterrados en el canal”, advirtieron, como demostración de resistencia ante el reclamo dominicano de desistir del plan en la corriente de agua en el espacio fronterizo.
A partir de las 6:00 de la mañana de este viernes, toda la frontera de la República Dominicana, tanto terrestre, marítima como aérea estará cerrada¨, informó el mandatario.
Esta medida, anunciada por Abinader desde el Campamento Militar 16 de agosto, donde entregó 20 vehículos blindados para las fuerzas militares, era esperada porque formaba parte de las acciones endosadas al ultimátum de 48 horas dado a Haití.
Esto para que actuara frente al conflicto o enfrentar, entre otras vías de disuasión, un cierre total de fronteras.
Se cree que, en el primer encuentro entre ambos gobiernos, celebrado el miércoles en la sede de la cancillería dominicana, el gobierno haitiano no tenía una salida convincente a mano para enfriar la crisis, lo que habría dejado a las autoridades locales sin otra opción que el cierre.
Aunque hay otra promesa de un próximo, pero del que no hay fecha, según el portavoz de la presidencia, Homero Figueroa, el presidente Abinader adelantó que el Ministerio de Defensa “está preparado ya” con el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea “para cumplir con esta disposición”.
De todas maneras, apunto el mandatario; “continuamos con las conversaciones con el Gobierno haitiano, pero, como ustedes saben, el mismo Gobierno haitiano tiene problemas de control en su territorio, y si hay incontrolables allá serán incontrolables para el Gobierno haitiano, pero no serán incontrolables para el Gobierno”.
Por otro lado, el jefe de gobierno ordenó a la Dirección General de Migración “denegar la entrada a nueve provocadores” que tienen vinculación con el desvío del cauce del canal.
Ayer, el periódico haitiano “Le Nouvelliste” público una declarción dada a la estación radial Magik 9 por Jean Brévil Weston, coordinador del Movimiento de Agricultores de la Llanura de Maribaroux, en la que da por seguro nadie le pedirá posponer el proyecto.
“Nuestra posición es clara: El canal o la muer..; estamos listos para ser enterrados en el canal”, dijo Weston, siempre conforme con la versión del medio de prensa.
También, Weston rechazo que haya manos políticas detrás de la construcción del canal, y en contrario sostuvo que la iniciativa surgió de agricultores del municipio de Ferrier aunque, afirma, “es toda Juanaminthe (Juana Méndez) la que abraza el proyecto.”
“No tenemos apoyo del Estado ni de ningún grupo político, excepto de los ciudadanos haitianos en Haití y la diáspora”.
La Junta de Aviación Civil (JAC) emitió una resolución que suspende las operaciones aéreas de carga y pasajeros desde y hacia Haití, informó ayer José Marte Piantini, presidente del ente responsable de la política superior de la aviación civil.
La medida fue adoptada en una sesión extraordinaria, cuyo punto único fue la suspensión de las operaciones aéreas, por motivo de cierre de la frontera.
Este acuerdo establece que cada Estado se reserva el derecho, en circunstancias excepcionales, durante un período de emergencia o en interés de la seguridad pública, a restringir o prohibir temporalmente y con efecto inmediato los vuelos sobre todo su territorio.
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